28 May PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA PEL CONGRÉS DE DIPUTATS
Las razones del reconocimiento del movimiento vecinal
Razones para un reconocimiento
Las asociaciones vecinales, en su origen asociaciones de vecinos, surgen a finales de los años 60, algunas de ellas provenían de Asociaciones de Padres de Familia, todas ellas al calor de la ley de asociaciones 191/1964 aprovechando el resquicio legal de una cierta «apertura franquista». Cabe recordar que el artículo primero apartado tres decía en relación a los fines ilícitos de las asociaciones:
«Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España.»
Pese a las restricciones del régimen las asociaciones vecinales comienzan su andadura en los barrios periféricos de las grandes ciudades con dos objetivos claros: mejorar los entornos urbanísticos y sociales e incorporarse a la batalla por la democracia frente al régimen franquista. Es una etapa de manifestaciones, pancartas y movilizaciones generales en las que participa el movimiento vecinal. Hay tres características básicas que lo definen: su territorialidad, su carácter multidisciplinario y sus profundas raíces democráticas. Estas tres características fundamentan el efecto vertebrador que la acción de las asociaciones vecinales produjo en el pasado y producen hoy en día.
La aprobación de la Constitución en 1978 certifica el cambio de régimen y da comienzo una etapa de consolidación democrática plagada todavía de incertidumbres.
En la Constitución se consagra el derecho de asociación (art.22) y se citan algunas organizaciones profesionales o sociales de forma destacada (sindicatos art.7 y art.28), colegios profesionales (art.36), organizaciones empresariales (art.7), organizaciones de consumidores (art.51),… pero en ningún caso se particulariza en el movimiento vecinal por lo que acaba siendo remitido al conjunto de asociaciones de múltiples objetivos y características. Este hecho ha complicado enormemente la consolidación de las asociaciones vecinales y de sus estructuras.
En 1979 se celebran las elecciones municipales y aparece con fuerza el cuestionamiento de la propia existencia de las asociaciones vecinales, se culminaba la primera fase del asentamiento democrático con la llegada de los ayuntamientos elegidos democráticamente y hubo quien pensó que la Democracia estaba asentada y que la batalla por la libertad había concluido, además los legítimos representantes de la voluntad popular emprenderían todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida ciudadana sin necesidad de asociaciones vecinales. Para ellos, la vida de las asociaciones vecinales había concluido. Por otra parte, las propias asociaciones debían comprender que el tiempo de la contra a ultranza como consecuencia de la ilegitimidad del régimen había cambiado, que el devenir democrático era de un orden más complejo, que tanto el parlamento como ayuntamientos y la posterior aparición de parlamentos autonómicos eran auténticamente democráticos y representativos. Por último, señalar que muchos dirigentes vecinales se incorporaron a diferentes listas electorales municipales con lo que además el movimiento vecinal tuvo que recomponerse y generar nuevos lideres en un contexto ya totalmente distinto.
La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los diferentes ayuntamientos puso en evidencia la debilidad de la sociedad civil organizada y fueron de nuevo importantes protagonistas las asociaciones vecinales, puesto que conocían mejor que muchos ediles las necesidades y los enfoques que tales revisiones o redacciones de los PGOU debían tener. Es también el momento de la consolidación de las primeras federaciones locales de asociaciones vecinales. Con la aparición de las Comunidades Autónomas aparecen las Confederaciones Autonómicas Vecinales en los años 90, así como el primer intento de Confederación Estatal.
Tras sucesivas elecciones, en todos los niveles, surgen alcaldes/as, diputados y dirigentes políticos que cuestionan de forma radical el papel de las asociaciones vecinales acusándolas de «chiringuitos» de tal o cual partido, mientras que otros comienzan a desarrollar reglamentos de participación donde en ocasiones ni siquiera aparecen citadas las asociaciones vecinales. Para ejemplo la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art.69,70 y 72) donde de nuevo se excluye intencionadamente el nombre de asociación vecinal y se sustituye por una generalización que las diluye: «Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos …». Como consecuencia de estas ambigüedades las asociaciones vecinales y federaciones en su ámbito local están sujetas a las interpretaciones particulares en cada momento atendiendo a ideologías o intereses políticos. Si subimos a los niveles autonómicos y estatal el reconocimiento todavía es más errático. Es más, dado que todo se remite a una legislación general que en ningún caso se ajusta a las características particulares del movimiento vecinal, se generan constantes diferencias entre organizaciones con numerosos socios como las vecinales y otras mucho más pequeñas siendo tratadas todas por el mismo rasero y con el mismo nivel de representatividad.
A pesar de todo, hoy se estima que existen más de tres mil asociaciones vecinales, más de cien federaciones y prácticamente cada comunidad autónoma tiene su Confederación o Federación de nacionalidad o región. En su conjunto es posible que esté por encima del millón de personas asociadas a su correspondiente asociación vecinal. Estos números parece que desmienten completamente que el movimiento vecinal haya desaparecido y que no merezca a estas alturas el respeto de las instituciones democráticas del estado, a pesar de sus dificultades.
Las razones que hicieron aparecer al movimiento vecinal han cambiado pero lo han hecho en función de los cambios políticos y sociales que han caracterizado las transformaciones en nuestro país. Sin embargo, hay ciertas constantes que hacen necesario su reconocimiento. Por ejemplo las asociaciones vecinales, las federaciones y confederaciones que las representan siempre han trabajado y seguirán haciéndolo por el concepto genérico de calidad de vida de la ciudadanía desde una perspectiva integral, territorial y democrática. En los primeros tiempos se trataba prioritariamente de aspectos muy primarios que ahora nos paren lejanos: luz en las calles, alcantarillado, asfaltado, colegios, centros de salud, …y la lucha por la libertad. Hoy todo es más complejo: el cambio climático, la atención a los mayores, la igualdad, la nueva movilidad, la transición energética, los problemas medioambientales urbanos, la calidad de la asistencia médica y de la educación, el nuevo urbanismo, la rehabilitación de los barrios, la vivienda, la seguridad, el desarrollo de la agenda 2030, de la agenda urbana, de la estrategia 2050, … y tras los acontecimientos recientes en EEUU, Brasil,…, y nuestro 23 F, pensar que la democracia es algo inamovible y que está segura es algo ingenuo y peligroso; en ese sentido, una sociedad civil organizada siempre será un inconveniente más a cualquier pretensión de retroceso autoritario. Si además añadimos que toda la documentación internacional y nacional indica la importancia de que en la nueva gobernanza esté presente la participación de la ciudadanía, parece evidente que un reconocimiento a una parte fundamental de esta Sociedad Civil organizada ayudaría a que esta se consolidara y jugara el papel que se le va a exigir sin duda. Además de comenzar a reconsiderar el agravio que se produjo en su momento al no citar en la Constitución la importancia de un cauce de participación estructurado, democrático y peculiar de España, cuyo objetivo es la defensa de un interés general. Hoy su acción se orienta a tres grandes objetivos genéricos: la cohesión social, el desarrollo sostenible y la participación social. Nada más actual y nada más necesario en el futuro próximo.
El movimiento vecinal, que forma parte de la Sociedad Civil organizada, que ha dejado una profunda huella en nuestras ciudades y pueblos resulta de gran importancia aquí y ahora, no sólo por su pasado, sino sobre todo por su potencial como cauce participativo para este momento y para el futuro que se avecina.
Por todo ello, proponemos que el Congreso de los Diputados reconozca la importancia del movimiento vecinal en su aportación a la democracia de este país y lo reconozca como cauce participativo instando a las instituciones del conjunto del estado, incluido el propio Congreso de los Diputados, a promover cuantas iniciativas consideren para hacer efectivo este reconocimiento.
Un gesto como la entrevista con el Presidente del Gobierno sería un impulso definitivo para ese reconocimiento.
Por otro lado, CEAV colabora con diferentes ministerios (Sanidad, Igualdad, Vivienda,…) apoyando, en general, la mayoría de las propuestas que se hacen desde el Gobierno por coincidencias con nuestro programa vecinal.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA PEL CONGRÉS DE DIPUTATS
313 SI
33 NO
0 ABS
1. Promoure l’associacionisme i el desenvolupament del moviment veïnal, com a llit participatiu de la ciutadania, en benefici de la qualitat de vida dels municipis i barris.
2. Analitzar l’establiment d’una regulació específica que establisca els principis rectors d’actuació de les organitzacions veïnals, garantint els seus drets i obligacions, respectant estrictament el marc competencial de les Comunitats Autònomes amb competències transferides.
3. Impulsar la formació del moviment veïnal i associatiu en metodologies de participació, acció i desenvolupament comunitari, prenent com a referències experiències consolidades en algunes Comunitats Autònomes. Així mateix, fomentar la difusió i l’ús de repositoris d’actius comunitaris que permeten identificar i interconnectar els diferents moviments associatius i veïnals presents en els nostres municipis i barris».
